Mediante Sentencia de fecha 26 de enero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) dando respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, se ha pronunciado nuevamente sobre la cláusula de vencimiento anticipado, contenida en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria otorgado por un consumidor, así como sobre los efectos de cosa juzgada de las resoluciones judiciales, consagrado en artículo 207 LEC.

El próximo 3 de febrero de 2017, tendrá lugar la Jornada "Conflictos, maltratos, mediación y menores", organizada por la Comisión de Abogados Mediadores del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), moderada por la Socia de Gay-Rosell & Solano, Mª Eugenia Gay Rosell.

En fecha 21 de enero de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 1/2017 de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que ha entrado en vigor el 22 de enero de 2017, y que tiene por objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de las cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o créditos garantizados con hipoteca sobre un bien inmueble.

El próximo 22 de febrero de 2017 tendrá inicio el Curso de Derecho Inmobiliario en Catalunya, organizado por la Sección de Derecho Civil del Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, dirigido y coordinado por la Of Counsel de Gay-Rosell & Solano, Chantal Moll de Alba Lacuve.

Nuestros tribunales de justicia se están haciendo eco de uno de los problemas que de antaño ha venido suscitando el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como plusvalía municipal, como es la exigibilidad del  impuesto aun en los casos en los que no ha habido incremento de valor alguno.

El pasado 1 de enero de 2017 entró en vigor el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, cuya aplicación había quedado en suspenso hasta el 31 de diciembre de 2016, en virtud del cual se reconoce a los socios un derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos.